En la práctica, esto implica que:
- El Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre si el Supremo actuó correctamente al excluir el delito de malversación de la amnistía en el caso de Puigdemont.
- Solo después de esa resolución quedará más claro si el Tribunal Supremo debe modificar su criterio o si puede mantener la orden nacional de detención y la no aplicación de la amnistía en ese caso.
Además, el contexto actual está marcado por la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que está dictando sentencias sobre la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho de la Unión Europea. Aunque esas decisiones pueden influir en la interpretación de la ley, no resuelven directamente la situación personal de Puigdemont: los tribunales españoles siguen siendo quienes deben aplicar esos criterios a su caso concreto.
En resumen, la frase quiere decir que el futuro judicial de Puigdemont depende, en primer lugar, de lo que decida el Tribunal Constitucional sobre los recursos pendientes; solo después el Tribunal Supremo podrá adoptar una decisión definitiva conforme a ese pronunciamiento.