La iniciativa responde a varios objetivos:
- Reforzar la autonomía estratégica de la UE y reducir la dependencia de proveedores de terceros países, especialmente en sectores críticos.
- Impulsar la industria europea, favoreciendo que las inversiones públicas beneficien a empresas establecidas en la Unión.
- Proteger cadenas de suministro esenciales en ámbitos como el transporte, la energía y la construcción naval.
Es importante señalar que no se trata de una prohibición absoluta para empresas extracomunitarias. Según el borrador conocido, las administraciones podrían introducir cláusulas de preferencia europea o restringir la participación de empresas de países que no ofrezcan condiciones de reciprocidad a las compañías europeas. También se contemplan excepciones cuando no existan proveedores europeos adecuados o cuando la diferencia de coste sea desproporcionada.
La Comisión prevé presentar formalmente esta propuesta en septiembre de 2026, tras lo cual deberá seguir el proceso legislativo de la UE antes de entrar en vigor.